En un contexto de crisis social y económica que afecta especialmente a los sectores más vulnerables, el gobierno decidió salir con los botines de punta contra las barriadas populares. En los últimos días, anunció la eliminación del registro nacional de comedores y merenderos, espacios fundamentales para la alimentación de miles de familias que atraviesan situaciones de extrema precariedad.
Pero la ofensiva no se limita allí. El Ejecutivo también impulsa la privatización del servicio de agua potable a través de la empresa AySA, habilitando el corte de suministro por falta de pago. Esta medida representa un retroceso gravísimo en materia de derechos humanos, ya que el acceso al agua potable es un derecho básico reconocido internacionalmente.
¿Qué significa eliminar el registro de comedores y merenderos?
Los comedores y merenderos populares no son una solución estructural a la pobreza, pero sí constituyen una asistencia humanitaria esencial para millones de argentinos y argentinas. Eliminar el registro implica invisibilizar estas redes solidarias, dificultar el acceso a recursos y controles, y en última instancia debilitar su funcionamiento justo cuando más se necesitan.
Privatización del agua: ¿un derecho o un negocio?
Permitir que una empresa privada corte el agua por falta de pago afecta directamente a los sectores más pobres, que enfrentan serias dificultades económicas y que no pueden garantizar la regularidad de sus pagos. El agua potable no debe ser un bien de mercado, sino un derecho garantizado por el Estado para toda la población.
Consecuencias para la población más vulnerable
Estas políticas no hacen más que profundizar la desigualdad y la exclusión social. El acceso restringido a la alimentación y al agua potable impacta en la salud, la dignidad y la calidad de vida de las personas que ya están en situación de mayor vulnerabilidad.
Un llamado a la responsabilidad y la justicia social
Es urgente que la sociedad, las organizaciones sociales y los movimientos populares levanten la voz para frenar estas medidas regresivas y defender los derechos básicos. La solución a la pobreza no pasa por recortar asistencias humanitarias ni privatizar servicios esenciales, sino por implementar políticas públicas que generen empleo genuino, industrialización y desarrollo con inclusión social.
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