Por AWQAY
El 26 de junio de 2002 la represión policial asesinó a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en la estación de trenes de Avellaneda. Hoy, 23 años después, la historia no ha cerrado. Los responsables políticos siguen impunes, y el recuerdo de Darío y Maxi se volvió emblema de la resistencia del pueblo.
Un país al borde del abismo
Para entender la masacre, hay que volver al contexto de crisis terminal de comienzos del siglo XXI.
Argentina venía de décadas de endeudamiento, privatizaciones y exclusión social. La convertibilidad —el “1 a 1” impuesto por Cavallo en los '90— había estallado. En diciembre de 2001, tras la represión a las protestas que dejó 39 muertos, cayó el gobierno de Fernando de la Rúa.
En medio del caos, Eduardo Duhalde asume como presidente en enero de 2002, con apoyo del Congreso y los gobernadores. Su gobierno hereda una Argentina devastada:
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Desempleo del 24%
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70% de pobreza infantil
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Miles de fábricas y comercios cerrados
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Bancos congelando los ahorros con el "corralito"
Ante esta situación, los movimientos piqueteros emergen como actores centrales, organizando ollas populares, cortes de ruta y reclamos por planes sociales. Lo que antes era el "desempleado individual", ahora es colectivo organizado.
Un crimen de Estado planificado
El 26 de junio de 2002, organizaciones piqueteras convocaron a una jornada nacional de lucha. El gobierno de Duhalde, presionado por sectores empresariales y mediáticos, decidió reprimir para dar una señal de autoridad.
La Policía Bonaerense, conducida por el entonces secretario de Seguridad bonaerense Juan José Álvarez y el jefe de Gabinete Alfredo Atanasof, desplegó una brutal represión coordinada en Puente Pueyrredón.
En la estación Avellaneda, Maximiliano Kosteki, de 22 años, fue herido. Darío Santillán, de 21, se quedó junto a él. Ambos fueron ejecutados por el comisario Franchiotti y el cabo Acosta, con balas de plomo. La imagen de Darío cayendo junto a Maxi dio la vuelta al mundo.
La complicidad mediática
Horas después, los grandes medios salieron a encubrir el crimen. Clarín tituló:
"La crisis causó 2 nuevas muertes"
No fue un error. Fue parte de una operación para ocultar la responsabilidad del Estado. Pero no pudieron taparlo. Fotografías y videos publicados por medios alternativos y periodistas comprometidos (como Pepe Mateos y Rodolfo Walsh) demostraron el asesinato.
La presión popular fue tal que, días después, Duhalde adelantó las elecciones y dejó el poder.
Impunidad y memoria
En 2006, Franchiotti y Acosta fueron condenados a prisión perpetua, pero los responsables políticos jamás fueron juzgados. Ni Duhalde, ni Solá, ni Aníbal Fernández, ni Atanasof, ni los jefes policiales que coordinaron el operativo.
La causa por las responsabilidades políticas fue cerrada en 2012.
Darío y Maxi viven en la lucha
En un país donde la represión y la estigmatización de los pobres son política de Estado, Darío y Maxi siguen siendo bandera. Su historia interpela al presente:
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Cuando se criminaliza la protesta
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Cuando se reprimen piquetes o tomas
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Cuando se acusa a los movimientos de "planeros"
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Cuando se naturaliza el hambre
Darío y Maxi no murieron en vano. Murieron luchando por trabajo, dignidad y justicia social. Hoy sus nombres viven en barrios, escuelas, centros culturales, marchas y canciones.
Conclusión
A 23 años, la Masacre de Avellaneda sigue abierta. No solo porque los responsables siguen impunes, sino porque el modelo que generó aquel crimen sigue vigente: un país donde los pobres son descartables si se organizan, donde los que luchan son perseguidos, donde los poderosos mandan a reprimir cuando el pueblo dice basta.
Pero también sigue viva la otra parte de la historia: la que eligió no callarse, la que resiste, la que abraza la memoria como forma de justicia.
Porque Darío y Maxi no murieron: los mataron.
Y el pueblo no olvida.
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