Por AWQAY
La tensión entre el Gobierno nacional y los sectores industriales escaló un nuevo peldaño esta semana, tras el anuncio de la eliminación de aranceles a productos electrónicos importados. La medida, enmarcada en la política de “apertura comercial total” que impulsa Javier Milei, desató una dura reacción del sector industrial y sindical, en especial en la provincia de Tierra del Fuego, que enfrenta una verdadera crisis de subsistencia.
Un anuncio que encendió alarmas
El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la eliminación del arancel del 7,5% para diversos productos electrónicos que ingresan al país. El argumento oficial es el de siempre: fomentar la competencia, bajar precios y “dinamitar” los privilegios del mercado interno. Sin embargo, detrás de ese discurso liberal se esconde una potencial debacle para una de las pocas industrias electrónicas que logró sostenerse en el país.
La respuesta fue inmediata. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Río Grande, Tierra del Fuego, decretó un paro por tiempo indeterminado, con movilizaciones en el centro de la ciudad. La medida no solo busca frenar los despidos, sino también visibilizar un conflicto que amenaza con desmantelar el régimen de promoción industrial que sostiene a la economía fueguina desde hace más de cuatro décadas.
“Este gobierno quiere destruir la industria nacional. No vamos a permitir que arrasen con nuestro derecho a habitar esta provincia”, sostuvo la conducción de la UOM fueguina en un comunicado.
El impacto en la producción y el empleo
Los números hablan por sí solos: durante el primer bimestre de 2024, la fabricación de celulares cayó un 67,7% y la de aires acondicionados un 58,1%, según datos del sector. La caída se explica por una combinación de apertura importadora, recesión del consumo y falta de reglas claras para sostener la producción.
Tierra del Fuego, donde se concentra gran parte de la industria electrónica argentina, ya sufrió despidos masivos en empresas como BGH, Mirgor y Newsan. Con la nueva medida, la amenaza se profundiza: más de 8.000 empleos están en riesgo directo, según estimaciones del gremio.
Los empresarios industriales: en alerta
La Unión Industrial Argentina (UIA) también reaccionó con preocupación. Si bien algunos sectores ven con buenos ojos la reducción de aranceles, la mayoría reclama medidas compensatorias: reducción de impuestos, financiamiento accesible y estabilidad macroeconómica.
“La competencia no puede ser solo apertura. Necesitamos igualdad de condiciones: menos impuestos, infraestructura y estabilidad”, afirmó Daniel Funes de Rioja, titular de la UIA.
Desde el sector señalan que la medida favorece a importadores con poder de lobby —como el Grupo Mirgor, vinculado al entorno presidencial— y no a una política de desarrollo nacional. Además, advierten que podría producirse una “ola importadora” que destruya miles de empleos en todo el país.
Un régimen bajo amenaza
La Ley 26.539, que rige el régimen de promoción industrial fueguino, fue sancionada en 2009 y extendida hasta 2038. Pero desde la asunción de Milei, su continuidad está bajo amenaza. Aunque el Gobierno aún no ha presentado un proyecto de derogación formal, las señales son claras: los beneficios fiscales están en la mira.
En este contexto, la UOM fueguina exige una definición clara del Gobierno nacional, del Gobierno provincial —encabezado por Gustavo Melella— y de las empresas del sector. También reclamaron una postura firme a la conducción nacional del gremio, liderada por Abel Furlán.
“No hay soberanía sin industria. Y no hay industria sin trabajadores”, advirtió el comunicado del sindicato.
¿Una batalla estratégica?
La puja por el destino de la industria electrónica en el sur del país no es solo económica. También es geopolítica. Tierra del Fuego no solo alberga fábricas: es el punto más austral del país, el nexo con la Antártida y las Islas Malvinas, y un enclave estratégico que requiere políticas de ocupación soberana.
Desmantelar su estructura productiva es, para muchos analistas, una forma de vaciar el territorio y facilitar su extranjerización. Para los trabajadores, el conflicto va más allá del empleo: es una pelea por el derecho a habitar y sostener una provincia periférica que siempre fue postergada.
Conclusión
La apertura de importaciones no es una política aislada. Forma parte de una lógica más amplia que pone en jaque a la industria nacional, al empleo formal y a los tejidos sociales que aún resisten en el interior del país. La respuesta sindical y empresarial revela que, más allá de los discursos, la tensión entre el modelo liberal de Milei y el aparato productivo argentino está llegando a un punto crítico.
Desde AWQAY, seguimos acompañando esta disputa, con el compromiso de visibilizar las voces que defienden el trabajo, la industria y la soberanía.
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