Por AWQAY
El Ejecutivo nacional interfirió en paritarias privadas, busca reformar las indemnizaciones y avanza sobre derechos laborales conquistados. Mientras pregona libertad, consolida un modelo de disciplinamiento social y precarización.
El gobierno de Javier Milei ha vuelto a dar señales claras de su concepción del mundo del trabajo: mientras proclama a viva voz la defensa de la “libertad”, actúa con mano firme para condicionar negociaciones paritarias privadas y avanzar en cambios estructurales en el régimen de indemnizaciones. ¿De qué libertad hablamos cuando el Estado irrumpe en un acuerdo entre trabajadores y empleadores para imponer un techo salarial?
La reciente intervención del Ministerio de Capital Humano —liderado por Sandra Pettovello— en la paritaria del gremio de Camioneros, al rechazar el aumento del 25% pactado con la cámara empresaria, no fue un hecho aislado. Pocos días después, el gobierno repitió la maniobra con el gremio más numeroso del país: los empleados de comercio, que habían acordado un aumento del 17,6% para abril junto a la Cámara Argentina de Comercio (CAC). El Ejecutivo decidió no homologar el convenio, impidiendo así que el incremento salarial entre en vigencia.
Estas decisiones marcan un precedente preocupante y refuerzan una estrategia sistemática de debilitamiento de la negociación colectiva. El objetivo es claro: desarticular los sindicatos, congelar los salarios, y eliminar el piso de derechos que rige en la Argentina desde hace décadas.
A esto se suma la intención del oficialismo de reformar el sistema de indemnizaciones por despido, impulsando un modelo de “fondo de cese laboral”, similar al utilizado en la industria de la construcción. En la práctica, esta modificación implicaría un abaratamiento del despido para las empresas y un retroceso en la protección contra el desempleo para los trabajadores.
El discurso de la libertad choca de frente con estas decisiones. El gobierno que se jacta de eliminar regulaciones y permitir que "el mercado decida", no duda en interferir en convenios privados cuando el resultado no se ajusta a su política de ajuste. El objetivo, más que liberar, parece ser disciplinar: congelar los salarios, flexibilizar las condiciones laborales y debilitar toda forma de organización obrera.
Estas medidas no son nuevas. Tienen antecedentes en cada experiencia neoliberal de nuestro país: desde la dictadura militar hasta los años 90, cada intento de desregulación laboral significó más precariedad, desempleo y concentración de la riqueza. La historia argentina demuestra que el debilitamiento de las herramientas colectivas de defensa de los trabajadores no trae más libertad, sino más desigualdad.
La pregunta que queda flotando es: ¿quién gana con estas reformas? Sin dudas, los grandes grupos económicos. Pero el costo lo paga el pueblo: el que trabaja, el que busca trabajo, el que teme perderlo.
Desde AWQAY creemos que defender los derechos laborales no es una consigna del pasado, sino una necesidad urgente del presente. Porque sin derechos no hay libertad posible.
0 Comentarios