Por AWQAY
Pasaron diez años desde que Milagro Sala fue privada de su libertad en Jujuy. Lo que comenzó como una detención por una contravención —un acampe pacífico en Plaza Belgrano, frente a la Casa de Gobierno— se transformó en un entramado judicial que la convirtió en la primera presa política del ciclo iniciado en 2015. Un caso paradigmático de lawfare, articulado entre el poder judicial, el poder político y los medios hegemónicos durante los gobiernos de Mauricio Macri a nivel nacional y Gerardo Morales en la provincia.
Nada de lo que ocurrió después puede leerse por fuera del contexto político. Milagro no fue detenida por lo que hizo mal, sino por todo lo que hizo bien. Por lo que construyó. Por el poder popular que encarnó. Por haber demostrado, con hechos concretos, que los pobres organizados podían transformar su realidad sin pedir permiso a los de arriba.
La dignidad como delito
La Tupac Amaru no fue solo una organización social. Fue un proyecto integral de inclusión y dignidad. En Jujuy, una de las provincias históricamente más postergadas del país, la Tupac levantó más de ocho mil viviendas, construyó escuelas iniciales, primarias, secundarias y terciarias, centros de salud, fábricas, polideportivos con piletas, espacios culturales y cooperativas de trabajo. Donde antes había abandono estatal, apareció comunidad organizada.
Para miles de jujeños y jujeñas —en su mayoría pobres, indígenas, excluidos— la Tupac fue la primera experiencia real de derechos: techo, educación, trabajo, salud, identidad. Eso fue imperdonable para las élites locales.
Milagro Sala no solo cambió condiciones materiales de vida. Devolvió orgullo, pertenencia y voz a los pueblos originarios. Rompió el orden colonial que aún persiste en el norte argentino, donde el poder económico y político sigue teniendo nombre y apellido.
El poder real y la venganza
Uno de los puntos de quiebre fue su lucha por memoria, verdad y justicia. Milagro impulsó activamente que Carlos Pedro Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, fuera investigado y procesado por su responsabilidad en los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, particularmente en la llamada Noche del Apagón, cuando trabajadores y militantes fueron secuestrados con la complicidad empresarial.
Ese límite no se cruza gratis.
Cuando el poder económico y el poder político actúan coordinados para proteger los intereses de los grupos concentrados, cualquiera que defienda los derechos del pueblo se convierte en enemigo. Y si ese enemigo es mujer, indígena, coya, dirigente popular y sin obediencia debida, la saña es doble.
Desde entonces, Milagro fue sometida a una multiplicidad de causas, prisiones preventivas eternas, condenas cuestionadas, cambios arbitrarios de carátulas y un hostigamiento permanente. Organismos internacionales de derechos humanos —como la ONU y la CIDH— señalaron irregularidades graves y exigieron su liberación. El Estado argentino, en distintos momentos, miró para otro lado.
Presa política, democracia condicionada
Que Milagro Sala siga presa es una señal de alarma para toda la sociedad. No es un problema individual ni provincial: es un problema democrático. Es la demostración de que, en determinadas condiciones, el poder judicial puede ser utilizado como herramienta de disciplinamiento político.
En Jujuy se ensayó un modelo: criminalizar la protesta, perseguir a las organizaciones populares y gobernar con miedo. Un laboratorio que luego se replicó en otros niveles.
Diez años después
Diez años después, Milagro sigue siendo símbolo. De resistencia. De organización. De dignidad. De la Argentina profunda que no se resigna.
Su encarcelamiento no logró borrar lo que construyó. Al contrario: dejó al desnudo a un sistema que tolera la pobreza, pero no la rebeldía organizada; que acepta la miseria, pero no la dignidad popular.
Desde AWQAY decimos con claridad: Milagro Sala es una presa política. Y mientras siga encarcelada, la democracia argentina estará en deuda.
Porque cuando tocan a una dirigente popular, cuando encarcelan a una mujer coya por empoderar a su pueblo, lo que está en juego no es una causa judicial: es el derecho del pueblo a organizarse y a vivir con dignidad.
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