Por AWQAY

Denuncias por detenciones arbitrarias, violencia institucional y allanamientos sin orden judicial exponen un patrón represivo sostenido por el Estado tucumano. Las víctimas son los de siempre: jóvenes pobres, familias trabajadoras y vecinos organizados.

Una fila de patrulleros, una rutina de miedo

“El trencito” es como llaman popularmente en Tucumán a los operativos policiales masivos que recorren barrios humildes, detienen personas sin causa, entran a casas sin orden judicial y secuestran vehículos, pertenencias y hasta garrafas. La escena se repite: decenas de móviles en fila, policías con armas largas y vecinos arrinconados, grabando con miedo o corriendo a esconder a los chicos.

Los barrios más afectados son Villa Muñecas, San Cayetano, Villa 9 de Julio, Tafí Viejo, Yerba Buena, Banda del Río Salí, entre otros. Los operativos suelen comenzar al atardecer y extenderse hasta la medianoche.

Golpes, detenciones y silencio oficial

Vecinos de distintos barrios relatan detenciones de chicos que volvían de trabajar, ingresos violentos a viviendas, golpes a mujeres embarazadas, menores con traumatismos, y la retención de motos y autos incluso con papeles en regla.

En abril, la policía irrumpió en una cena solidaria en Tafí Viejo. El joven Santino Mena (17) terminó hospitalizado con fracturas. Cuando su padre quiso denunciar, no le tomaron la declaración. Las agresiones, según testigos, incluyeron insultos y amenazas a quienes filmaban.

Un plan sistemático de violaciones a los derechos humanos

El abogado Carlos Garmendia, junto a otros defensores, presentó una denuncia penal contra los jefes policiales Joaquín Girvau, Gustavo Beltrán y Sergio Juárez, por encabezar un “plan sistemático de violaciones de derechos humanos”.
Organizaciones como ANDHES elevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También el Consejo Federal del Comité contra la Tortura exigió al gobierno de Osvaldo Jaldo investigar la violencia institucional y las condiciones en comisarías y cárceles.

Los habeas corpus colectivos presentados —por ejemplo, por 58 detenidos en Yerba Buena— fueron rechazados por la Justicia provincial. La Corte Suprema de Tucumán, lejos de garantizar derechos, avaló la continuidad del método.

¿Seguridad o control social?

El gobierno provincial justifica los operativos como acciones preventivas. El ministro de Seguridad Agüero Gamboa negó que exista un operativo llamado “trencito”, y el gobernador Jaldo respalda las razzias como respuesta al reclamo social por seguridad.

Sin embargo, en la práctica, estos procedimientos no apuntan a las mafias ni al narcotráfico. Detienen a changarines, chicos en bicicleta, vecinos que organizan ollas populares.
Y según testimonios de la propia comunidad, muchos de los vehículos secuestrados no vuelven a aparecer o se liberan con coimas.

Una Tucumán que duele

Lo que ocurre en Tucumán no es nuevo, pero se ha intensificado en los últimos meses. El “trencito” representa una forma de represión selectiva, silenciosa y profundamente clasista. Se castiga la pobreza, la organización y hasta la solidaridad.
Los testimonios se acumulan, las denuncias también. Pero la impunidad sigue intacta.

¿Qué nos queda?

Nos queda contar. Denunciar. Organizar.
Mientras el Estado viola derechos con respaldo judicial y complicidad política, los barrios resisten como pueden, con grabaciones, ollas, redes y memoria.
No es seguridad lo que brindan. Es control. Es disciplinamiento. Es represión.

Y como pueblo, no podemos normalizar el miedo como política pública.