Por AWQAY

Argentina atraviesa un momento de enorme tensión social y económica, donde las crisis se entrelazan y golpean a todos los sectores populares, trabajadores y emprendedores. Mientras la inflación y el ajuste provocan cierres masivos de fábricas, pymes y cooperativas, las organizaciones sociales redoblan su compromiso en comedores y ollas populares para evitar que miles de familias pasen hambre. En este contexto, se suma la fuerte movilización de jubilados que defienden sus derechos frente a recortes presupuestarios históricos. Y, en medio de semejante caos, la oposición política sigue siendo perseguida, con la presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, enfrentando procesos judiciales cuestionados por amplios sectores sociales y políticos.

Conflictos en fábricas, empresas y estatales: el pulso del trabajo

El sector industrial no da tregua. Los aceiteros del Sindicato Obrero de la Industria Aceitera (SOEA) mantienen huelgas parciales en plantas como Vicentin por atrasos en el pago de salarios y bonos. La amenaza de paros nacionales crece ante la falta de respuesta patronal y estatal.


En el rubro neumático, el Sindicato Único del Neumático (SUTNA) denuncia casi 300 despidos en Bridgestone, en medio de la ruptura de negociaciones y amenazas de plan de lucha.


Los metalúrgicos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y Smata continúan con medidas de fuerza por recomposiciones salariales, afectando a fábricas clave como Tenaris y Acindar. La producción automotriz cae más del 40 % en varios establecimientos, con turnos reducidos y suspensiones.


Por su parte, las pymes manufactureras cierran sus puertas a un ritmo alarmante: desde fines de 2023, se registraron más de 2.300 cierres, con la pérdida de 126.000 puestos de trabajo. Las causas son múltiples: inflación, altos costos energéticos, competencia desleal con importaciones y falta de políticas públicas efectivas. Las organizaciones de industriales pymes advierten que el modelo económico actual los condena a la desaparición.

Además, el sector estatal atraviesa un conflicto creciente por el incumplimiento de acuerdos salariales, recortes en áreas clave, despidos masivos y cierre de organismos públicos. Desde que asumió Javier Milei en diciembre de 2023, se registraron 43.778 despidos en la Administración Pública Nacional, lo que representa una reducción del 12,8 % en la dotación de personal. Los sectores más afectados incluyen empresas públicas como el Correo Argentino, Aerolíneas Argentinas, AySA, CONICET y ANSES, entre otros. Esta reestructuración también implicó la disolución de más de 200 áreas ministeriales y organismos descentralizados, como el INADI y el ENOHSA. Trabajadores estatales de salud, educación y administración pública han protagonizado paros y movilizaciones en todo el país, denunciando el vaciamiento de servicios esenciales y exigiendo recomposiciones salariales que garanticen un salario digno frente a la inflación descontrolada y el deterioro de sus condiciones laborales.

El cierre masivo cooperativas


En paralelo, el gobierno impulsó una depuración masiva del sector cooperativo, suspendiendo la operatoria de más de 11.800 cooperativas y revisando cerca de 4.400 registradas en 2023, lo cual amenaza la supervivencia de miles dedicadas a la construcción, reciclado y economía social. Esta situación precariza a miles de trabajadores y comunidades que dependen de estas organizaciones para su sustento.


Economía popular y movimientos sociales: lucha por la alimentación y la dignidad


En las calles y barrios populares, la crisis alimentaria se traduce en largas filas para acceder a los comedores y merenderos. Más de 44.000 espacios comunitarios se mantienen abiertos gracias a la militancia social, pero enfrentan la falta de recursos y la hostilidad estatal.


Movimientos sociales como la UTEP, Polo Obrero, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa realizan cortes de ruta y movilizaciones masivas para exigir políticas de emergencia contra el hambre. Estas protestas muchas veces son reprimidas con gas pimienta, balas de goma y detenciones arbitrarias.

Además, la Justicia realiza allanamientos y acusa a referentes sociales de “extorsión” o “corrupción” en la distribución de alimentos, lo que se interpreta como un intento de criminalizar la protesta popular y debilitar las organizaciones comunitarias.

Jubilados y pensionados: la dignidad en la calle

Los jubilados y pensionados se han convertido en protagonistas de una resistencia silenciosa pero constante. Con haberes que apenas superan los $200.000, y una inflación que pulveriza su poder adquisitivo, más del 29 % de los adultos mayores vive por debajo de la línea de pobreza. Cada miércoles, miles se concentran frente al Congreso, exigiendo aumentos reales, medicamentos gratuitos y el respeto a los derechos previsionales. A pesar de su edad, enfrentan el ajuste con valentía, soportando incluso la represión policial, como en las últimas marchas que terminaron con más de 100 detenidos y decenas de heridos. El ajuste previsto para el presupuesto 2025 incluye un recorte del 10 % en jubilaciones y del 52 % en pensiones por invalidez, profundizando la exclusión y el abandono. Frente a este panorama, los jubilados no se resignan: siguen siendo un faro ético en la lucha por una Argentina más justa.

Crisis en la salud pública: hospitales y centros de atención primaria al borde del colapso


El sistema de salud pública argentino atraviesa una crisis sin precedentes. Los hospitales nacionales, como el Hospital Garrahan —el mayor centro pediátrico del país— y el Hospital Posadas, enfrentan una profunda escasez de recursos. Desde diciembre de 2023, los profesionales de la salud denuncian una pérdida salarial real de hasta un 50% debido a la inflación, y rechazan aumentos no remunerativos que no se incorporan al salario básico.

El presupuesto asignado al Ministerio de Salud en 2025 representa solo el 0,9% del Producto Bruto Interno (PBI), con un incremento nominal insuficiente frente a una inflación proyectada del 18% anual . Esta situación ha llevado al cierre de 15 direcciones clave dentro del Ministerio, afectando áreas esenciales como la atención a enfermedades como tuberculosis, VIH y hepatitis.

Además, la crisis sanitaria se ve agravada por la epidemia de dengue más grave de la historia del país, con más de 215.000 casos reportados en 2024. A pesar de la disponibilidad de una vacuna tetravalente, su alto costo y la falta de inclusión en el calendario de vacunación obligatorio han limitado su acceso, especialmente en las zonas más afectadas del norte argentino.

En el ámbito de la atención primaria, los centros de salud enfrentan un déficit estructural de personal, especialmente en enfermería. La falta de actualización salarial y las condiciones laborales precarias han provocado una fuga de profesionales, lo que compromete la calidad de la atención en barrios populares y zonas rurales .


Esta crisis ha desencadenado una ola de movilizaciones en todo el país. El 4 de junio de 2025, una multitud diversa se congregó frente al Congreso para protestar contra los recortes presupuestarios, unificando reclamos de jubilados, docentes, médicos, científicos y movimientos sociales .

En medio de la crisis, la persecución política contra Cristina Fernández de Kirchner

En este clima de conflictividad social, crece la tensión política. La Justicia avanza con la causa Vialidad que implica a Cristina Fernández de Kirchner, actual presidenta del Partido Justicialista, con una condena a seis años de prisión y una inhabilitación perpetua. Además, se tramita una apelación del fiscal Luciani para agravar la condena, acusándola de asociación ilícita.

Este proceso judicial no solo busca encarcelar a una figura clave del peronismo sino que representa un intento de desactivar el movimiento popular y sindical que crece día a día en las calles.

Este ataque político-judicial se da en paralelo a la criminalización de la protesta y la estigmatización de los sectores que luchan por derechos laborales y sociales.

En conclusión, Argentina está atravesando una tormenta que golpea a los más vulnerables: trabajadores, pymes, cooperativas, organizaciones sociales y jubilados. En medio de semejante caos, la persecución política a Cristina Fernández de Kirchner revela el intento de un sector concentrado de poder para imponer un ajuste y desarticular cualquier resistencia. Pero la fuerza popular sigue en la calle, construyendo unidad y solidaridad para enfrentar este escenario y pelear por una Argentina justa y digna.