Por AWQAY

El 29 de mayo de 2025, el gobierno argentino publicó en el Boletín Oficial un decreto que endurece las condiciones de ingreso y permanencia de los migrantes. La medida restringe el acceso de extranjeros a servicios públicos esenciales, como la salud y la educación, y flexibiliza los procesos de expulsión, incluyendo casos donde la condena aún no es firme.

Nos preocupa que este decreto retome y amplíe los lineamientos del cuestionado DNU 70/2017, ya declarado inconstitucional en 2018 por la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Una vez más, se utiliza un instrumento excepcional —el Decreto de Necesidad y Urgencia— para legislar sobre derechos fundamentales, violando la división de poderes y los principios básicos de nuestra Constitución.

El preámbulo de la Constitución Nacional establece que “todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino” tienen derecho a hacerlo. Este espíritu de hospitalidad y solidaridad no es solo un principio jurídico, sino también un valor profundamente arraigado en nuestra historia. Negar el acceso a la salud y la educación a migrantes no solo contradice la letra y el espíritu de la Constitución: también erosiona nuestra identidad como pueblo.

La decisión de condicionar el acceso a la salud y la educación a la capacidad de pago de los migrantes es un retroceso inaceptable. Supone, además, una grave amenaza para la convivencia y la integración. El acceso igualitario a estos derechos no es un privilegio: es una obligación para un Estado que se dice democrático y respetuoso de los derechos humanos.

Como medio comprometido con la inclusión y la justicia social, desde Awqay denunciamos este decreto como una afrenta a los principios constitucionales y a la dignidad de las personas migrantes. Sabemos que la seguridad no se construye excluyendo: se construye garantizando derechos y generando políticas de integración. Lo contrario es una receta para la discriminación y la violencia institucional.

Exigimos que este decreto sea revisado por el Congreso y los tribunales, y que se abra un debate democrático y plural que priorice la vida y la dignidad de quienes habitan el suelo argentino, sin importar su nacionalidad. Porque la Argentina que soñamos —la que está escrita en nuestra Constitución y en la memoria de nuestros pueblos— es una Argentina que abraza a todos los que llegan, no que los expulsa.