Por AWQAY

El gobierno de Javier Milei impulsa un nuevo blanqueo de capitales, promovido como una “liberación” para los cientos de miles de millones de dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema formal. Según datos oficiales, se estima que hay cerca de 271.000 millones de dólares no declarados fuera del circuito legal. El Presidente no solo busca que ese dinero regrese, sino que ha elogiado a quienes lo escondieron, tildándolos de "héroes" que escaparon del saqueo estatal.

Pero, ¿qué hay detrás de esta medida? ¿A quién beneficia? ¿Qué riesgos trae para la sociedad?

Una decisión con sello ideológico

El blanqueo de Milei no es un hecho aislado. Forma parte de una visión libertaria que considera que pagar impuestos es casi un acto de sumisión. Bajo este prisma, evadir es resistir. Por eso, en lugar de castigar a quienes ocultaron grandes fortunas, el gobierno les ofrece una nueva oportunidad: pagar apenas un porcentaje simbólico para legalizar sus activos y reintegrarse sin consecuencias penales ni fiscales.

El proyecto avanza incluso con provincias como Buenos Aires expresando su rechazo a adherir, dificultando la implementación nacional.

Injusticia fiscal y ruptura del pacto social

La medida ha sido duramente criticada por especialistas en tributación. Mientras la clase media y trabajadora carga con el peso de impuestos regresivos y ve licuarse sus ingresos por la inflación y la recesión, los grandes evasores son premiados.

Esto rompe el principio de equidad fiscal: los que cumplieron son los grandes perjudicados, y el mensaje que queda es claro: evadir conviene.

Riesgos reales: narcotráfico, lavado y crimen organizado

Uno de los puntos más graves del blanqueo es que se eliminan o relajan los controles sobre el origen de los fondos. En palabras simples: no se exigirá justificar cómo se obtuvo el dinero. Esto abre las puertas al narcotráfico, la trata de personas, la corrupción y otras actividades ilícitas para que legalicen sus ganancias sin obstáculos.

Especialistas advierten que Argentina podría ingresar a la “lista gris” del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), un registro de países con deficiencias en la prevención del lavado de dinero. Esto complicaría relaciones financieras internacionales, aumentaría el riesgo país y cerraría líneas de crédito.

Menos controles, más impunidad

Mientras se prepara este blanqueo “generoso”, el gobierno recorta personal y presupuesto en la AFIP, debilitando los organismos encargados de controlar la evasión, fiscalizar cuentas y combatir el crimen económico.

El mensaje es doblemente peligroso: no solo se perdona a quienes evadieron, sino que también se desmantelan las herramientas del Estado para evitar que vuelva a ocurrir.

¿Y el rol de los medios?

Los medios hegemónicos han informado sobre el blanqueo con tibieza o complicidad, repitiendo el argumento de que servirá para “repatriar capitales”. Pero han minimizado sus consecuencias sociales y penales, e ignorado casi por completo el riesgo de que el país se convierta en un refugio del dinero negro latinoamericano.

Desde AWQAY creemos que el periodismo debe poner la lupa sobre estas decisiones que condicionan el presente y el futuro del país, porque no se trata solo de economía, sino de ética pública, soberanía y justicia social.

Conclusión

El blanqueo de Milei puede ser útil para mejorar algunas variables macroeconómicas a corto plazo, pero lo hace a un costo altísimo: la legitimación de la evasión, la desigualdad fiscal, y el debilitamiento institucional frente al crimen económico y organizado.

La verdadera pregunta es: ¿cuánta impunidad puede soportar una democracia sin romperse por dentro?