Por AWQAY

En los años 70, el Plan Cóndor articuló a las dictaduras del Cono Sur para perseguir, secuestrar y desaparecer a quienes luchaban por una patria justa. El objetivo era claro: eliminar a los movimientos populares y disciplinar a las mayorías. Hoy, bajo gobiernos democráticos formales, ese plan no murió: cambió de forma. El enemigo sigue siendo el mismo: el pueblo que pelea por sus derechos. La herramienta ya no son los Falcon verdes, sino los tribunales y los medios.

En 2016 metieron presa a Milagro Sala sin pruebas. Mujer, indígena, villera, peronista. La primera en caer. El experimento fue exitoso: prisión preventiva eterna, demonización mediática, impunidad judicial. Nadie frenó ese atropello. Y ahora van por la mayor contrincante del poder real: Cristina Fernández de Kirchner, presidenta del Partido Justicialista, dos veces presidenta de la Nación y heredera del proyecto histórico de Perón y Evita.

Esta semana, con una notificación por Zoom, el Poder Judicial consumó su objetivo: prisión domiciliaria para Cristina. No se trata de una causa cualquiera. No hay pruebas. No hubo delito comprobado. No se respetó el debido proceso. Pero eso no importa: lo que buscan es sacarla del juego político y enviar un mensaje a todo el movimiento nacional y popular.

Pero… ¿y si se robó todo?

Eso dicen muchos. No por convicción, sino por repetición. Durante años los grandes medios instalaron una idea: “se robaron todo”. Lo repitieron hasta que caló hondo en sectores de la sociedad. Pero la realidad es otra: en la causa Vialidad no se probó absolutamente nada contra Cristina. No hubo sobreprecios, ni enriquecimiento ilícito, ni direccionamiento ilegal. Solo una construcción política, mediática y judicial para lograr la condena.

El juicio ignoró peritajes, rechazó pruebas clave, y se sostuvo en testimonios de imputados “arrepentidos” sin evidencia concreta. Fue un simulacro de justicia. Una sentencia escrita de antemano.

¿Por qué es tan grave esto?

Porque la democracia no puede sobrevivir si a sus principales figuras las encarcelan sin pruebas. Porque la voluntad popular se ve pisoteada cuando una parte del poder judicial actúa como brazo armado de las corporaciones. Y porque no se está castigando un delito: se está eliminando una voz política que representa a millones.

Esto es lo que se llama lawfare: una guerra judicial para perseguir, proscribir y destruir a los dirigentes del campo popular. Le pasó a Lula en Brasil, a Correa en Ecuador, a Evo en Bolivia. Hoy le pasa a Cristina en Argentina.

Una historia que se repite

Lo más trágico es que ya lo vimos antes. A Perón lo bombardearon, lo proscribieron, lo demonizaron. Persiguieron a sus militantes, torturaron, fusilaron. Cada vez que el pueblo organiza su esperanza en un proyecto nacional, los poderosos buscan aplastarlo. El peronismo ha sobrevivido a golpes, dictaduras y persecuciones. Hoy, enfrenta una nueva forma de ataque: la judicialización de la política.

El plan: primero los márgenes, después el centro

Milagro Sala fue la primera. Una mujer villera no iba a generar tanto escándalo. La dejaron sola. Y ahora vienen por Cristina. Porque es mujer, porque es peronista, porque no se arrodilla. Porque representa algo más grande que ella misma: un proyecto de país con justicia social, soberanía política e independencia económica.

¿Nos vamos a dejar?

Esa es la pregunta. Esto no se trata de Cristina sola. Se trata de todos los que alguna vez soñaron con una Argentina para las mayorías. Se trata del derecho a organizarse, a pensar distinto, a elegir sin que te lo prohíban los jueces. Se trata de no volver a vivir en dictadura disfrazada de democracia.

Podrán tener los medios, los jueces y las cárceles. Pero nosotros tenemos la memoria, la verdad y la calle. Y si algo enseñó la historia del peronismo es que cuando el pueblo se levanta, no hay proscripción que lo detenga.