Por AWQAY

A última hora del lunes 6 de mayo, quedó sin efecto el paro de colectivos en Tucumán que había sido convocado a nivel nacional por la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La medida de fuerza, que se mantenía firme en otras provincias, fue desactivada en la provincia tras la intervención directa del gobernador Osvaldo Jaldo, quien aseguró el pago de una suma extraordinaria a cuenta del aumento salarial reclamado.

El conflicto se había originado por el incumplimiento en el pago del incremento salarial pactado en paritarias, que preveía una suma fija y una actualización en los haberes de los choferes del interior del país. Sin embargo, ante la falta de acuerdo entre los empresarios y el gremio, UTA lanzó un paro por tiempo indeterminado que comenzó este lunes 6 a las 00 hs.

En medio de la medida de fuerza, el gobernador Jaldo convocó a una mesa de diálogo con representantes de AETAT (empresarios del transporte) y del gremio local, comprometiéndose a transferir fondos provinciales para garantizar los haberes adeudados a los trabajadores del sector.

¿Desactivación o presión?

Aunque algunos medios locales destacaron el “rol mediador” del mandatario tucumano, lo cierto es que la medida fue levantada unilateralmente en Tucumán, dejando a otras provincias como Salta, Corrientes o Jujuy aún sin transporte. Esta ruptura de la unidad gremial levanta preguntas entre sectores sindicales y políticos:

“Cuando un gobernador sale a romper un paro nacional con plata de la provincia, no está mediando: está debilitando la negociación del conjunto de los trabajadores del país”, señaló en redes un delegado de UTA local.

No es la primera vez que Jaldo se mueve rápidamente para evitar que las huelgas paralicen servicios claves. En ocasiones anteriores, hizo lo mismo con conflictos docentes y estatales, adoptando una política de anticipación que, según sus allegados, busca preservar la gobernabilidad y el humor social en medio de un ajuste nacional feroz.

El fondo del conflicto: subsidios, ajuste y federalismo

La raíz del problema sigue siendo la asimetría en el reparto de subsidios al transporte. Mientras el AMBA sigue recibiendo más del 80% del total nacional, las provincias del interior dependen de aportes extraordinarios y fondos provinciales para sostener el sistema.

Con un Gobierno nacional que ha eliminado el Fondo Compensador del Interior y abandonado las paritarias sectoriales, las provincias deben negociar caso por caso, exponiéndose a paros y tensiones cada mes.

Para muchos, el accionar de Jaldo puede interpretarse como pragmatismo político, pero para otros, debilita la fuerza colectiva de las provincias frente a un gobierno central que descarga el ajuste sobre los trabajadores del interior.