Ha tomado estado público una descomunal estafa con planes sociales dirigida y concertada entre el ministerio de Desarrollo Social provincial y el Banco Provincia del Neuquén por el valor de $125 millones de pesos.

La maniobra fraudulenta consistió en que punteros del ministerio cobraban programas sociales provinciales desde los cajeros con tarjetas que el propio banco les otorgaba, en vez de dárselas a los beneficiarios. Entre estos hay personas fallecidas.

Para tamaña operación, existió un acuerdo entre altos funcionarios del organismo estatal y el banco provincial. La estafa sale a la luz a raíz de que un beneficiario se anotició de que figuraba cobrando un programa social desde hace un año. Medios periodísticos informan que esta situación viene desde el año 2020 y que estas denuncias solo serían parte de un entramado mayor.

Interna del MPN y el Estado al descubierto

Neuquén tiene un esquema y una dirección general de planes sociales que viene estando en el ojo de la tormenta y es una “caja negra” del Estado provincial. Nadie conoce la cantidad de programas sociales que existen, sus valores y sus beneficiarios. En la Legislatura provincial, el partido de gobierno se ha negado sistemáticamente a esclarecer eso. La modalidad de bancarización fue implementada en 2018, luego de muchos años en que los programas sociales fueron pagados con cheques y ante las innumerables denuncias de corrupción; y ha sido presentada como el fin de las estafas.

Conocida la maniobra fraudulenta en cuestión, el gobierno se mantuvo en silencio hasta que el escandalo lo obligó a realizar declaraciones. La clásica versión del gobierno es que el caso se someterá a la justicia y nada más. Es indudable, sin embargo, que las estafas son parte de la interna del gobierno puesto que las denuncias salen del propio riñón del partido provincial en momentos en los que el MPN prepara toda su maquinaria electoral. Guillermo Pereyra, una de las líneas internas del MPN, denunció al concejal Claudio Domínguez del sector oficialista, que en plena campaña recorría los cajeros para extraer esas sumas. De fondo, queda claro que con los planes sociales, el gobierno mantiene aceitada toda una estructura de punteros.

Los programas sociales provinciales van, en los municipios, desde los $4.000 pesos hasta montos indeterminados. Allí, estos programas son presentados como contratos de trabajo, lo que encubre que en realidad forman parte de una gran plataforma de precarización laboral.

La base para que exista todo este cuadro de estafas y maniobras es la falta de universalización de los programas sociales y que su monto sea equivalente a la canasta de pobreza. Estos son reclamos que la Unidad Piquetera y el frente de lucha provincial vienen planteando. Es el Estado el que establece cupos, mientras terceriza los programas en su red de punteros. Ha sido la lucha de las organizaciones la que ha logrado que estos programas salgan de su congelamiento y miles de desocupados puedan acceder.

El Estado ha quedado al descubierto. Estamos ante una estafa preparada desde arriba, al servicio de un régimen de miseria y pobreza. Por ello, las organizaciones piqueteras luchamos todos los días contra esto y vamos por trabajo genuino y por la universalización de los planes.