Los asentamientos San Gabriel y Francisco I, ubicados al sur de la capital, son dos de los barrios populares en formación más grandes de la ciudad. Aunque, según cálculos de los vecinos, ambos albergan a más de 500 familias, periódicamente deben afrontar amenazas de desalojos de los supuestos dueños de las tierras, que pretenden dejar en el desamparo a las numerosas mujeres e infancias que integran la composición poblacional mayoritaria de la zona.



En los últimos días, la intimación de los supuestos dueños del predio sobre el que se asienta el San Gabriel, a quienes los vecinos identifican como de apellido Carrascosa, puso de nuevo en alerta a las personas que residen en ese sector, que temen una expulsión violenta con intervención de máquinas y  de la policía. En diálogo con este medio, una vecina que prefirió no dar su nombre señaló al respecto que los policías que se acercaron hace dos semanas a informar de la supuesta medida no corresponden a la comisaría Octava, a cuya jurisdicción pertenece el barrio, por lo que sospechan de una medida de apriete particular.

La mujer recuerda que la primera vez que los interesados intentaron desalojar terrenos llegaron con palas y fuerzas policiales, pero no pudieron concretar la medida ante la resistencia de los pobladores. A partir de allí se habría iniciado la judicialización del caso por usurpación, que incluye una orden de desalojo de 2018.

Ante esta nueva embestida, los vecinos lograron ponerse en contacto con el legislador Eduardo Bourlé, para conseguir un nuevo amparo y que por las vías correspondientes se consiga la expropiación de las tierras. Pese a ello el tiempo corre y las familias permanecen con temor. El 4 de diciembre recibieron la más reciente intimación, fijada para materializarse en los próximos diez días hábiles a partir de esa fecha, por lo que hay muchos vecinos que ya han empezado a trasladar sus pertenencias e incluso han llevado a sus hijos fuera del barrio en el temor de un operativo violento y de perderlo todo.

Muchos niños de esa barriada asisten cada semana al merendero Inti de la agrupación Awqay que funciona en el límite con el Barrio 260 viviendas. El sábado mientras se realizaba esta nota el barrio permanecía tranquilo, pero la alarma sigue corriendo de boca en boca. Las vecinas entrevistadas señalan que la gente que habita el barrio realmente no tiene dónde más ir y que en estos años ha avanzado en la construcción de sus modestas viviendas, por lo que esperarían la intervención del estado y la llegada de los servicios esenciales para poder pagar sus impuestos y regularizar su situación.